Hace varios días se supo de la orden emitida por el ahora juez federal en jefe de Washington DC., James Boasberg, la cual intentaba hacer retornar a los inmigrantes ilegales criminales deportados por el presidente Trump y enviados a una cárcel en El Salvador.
Ahora el gran debate es respecto a cómo es posible que un juez federal pueda tener más poder que un presidente, al intentar bloquear la acción presidencial de deportación de criminales sin estatus migratorio, que entraron ilegalmente a Estados Unidos y además cometieron delitos. En pocas palabras, el presidente Trump deporta a los criminales y el juez quiere hacer regresar a esos criminales con el pretexto de que «tienen derecho a audiencias individuales y al debido proceso judicial» antes de ser deportados.
Esta acción del juez, obviamente ignora la invocación hecha por Trump de la ley de enemigos extranjeros, con la cual tiene la base legal para tomar las acciones de deportación de criminales a los que se les permitió entrar a los Estados Unidos y que, además, estaban causando caos en las ciudades de diferentes estados de la unión.
Como datos adicionales de referencia, debemos mencionar que el juez Boasberg fue quien se encargó de encarcelar a muchos ciudadanos estadounidenses inocentes que no cometieron delitos y que simplemente los encarceló por haber estado en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Además fue nombrado como juez de distrito por Obama en marzo del 2011 y luego nombrado juez en jefe de la corte de distrito de D.C. por Biden en marzo del 2023.
Hace poco, alguien nos compartió un video en nuestro canal de Telegram, de un «youtuber» que se quejaba de por qué Trump está usando una ley «arcaica» como la ley de enemigos extranjeros. Pero no mencionaba el hecho de que esa ley sigue vigente, nunca fue eliminada por el congreso de Estados Unidos y más aún, la constitución de los Estados Unidos es más «arcaica» que esa ley y aún está en plena vigencia.
En una publicación en Truth Social, el abogado Mike Davis se pronunció respecto a la acción aparentemente ilegal del juez Boasberg y explicó lo siguiente:
Esta es la falla fatal de la orden del juez nombrado por Obama, Jeb Boasberg:
Incluso, si esos terroristas extranjeros designados tuvieran derecho a una revisión judicial individual antes de su deportación, lo cual está en discusión, el tribunal de Washington D. C. no es el tribunal adecuado.
El juez Boasberg no tenía, ni tiene, la facultad de hacer lo que pretende. Solo por esa razón, todo lo que está haciendo es ilegal. Pero es mucho peor; también es peligroso.
El juez Boasberg acudió a su sala para celebrar una audiencia el sábado, a pesar de que ni siquiera actuaba como juez de emergencia ese fin de semana. (¿Cómo consiguió este caso?) Expuso públicamente una operación militar, de inteligencia y policial en curso con un aliado estadounidense que lidia con los terroristas más violentos del hemisferio occidental (Tren de Aragua) y un pandillero internacional (MS13).
Esa exposición pública puso en grave peligro la vida de estadounidenses y de aliados.
Sorprendentemente, el juez Boasberg incluso ordenó al presidente que hiciera retornar los aviones llenos de terroristas sobrevolando el Golfo de América, sin conocer los niveles de combustible, la huella de seguridad en Estados Unidos, ni otros detalles operativos cruciales.
Vimos la enorme operación de seguridad en El Salvador. ¿Por qué habríamos tenido la misma operación en Estados Unidos, si nadie hubiera siquiera imaginado que un juez activista de Washington D. C. ordenaría al presidente devolver aviones llenos de terroristas?
Y el no completar la misión habría humillado y perjudicado políticamente al presidente de El Salvador, quien tenía a cientos de militares, policías y otros funcionarios esperando y quien asumió un riesgo político y personal significativo al aceptar a esos terroristas.
La audiencia y la orden del juez Boasberg del sábado cruzaron la línea roja. Pero el juez Boasberg está redoblando sus esfuerzos al exigir detalles sobre la operación militar, detalles a los cuales no tiene derecho. El juez Boasberg afirma tener una autorización de seguridad, pero definitivamente no tiene la necesidad de saber. Y permitir que los jueces se inmiscuyan en operaciones militares como esta es peligroso e inaceptable.
Es menos probable que los líderes extranjeros colaboren con el presidente si temen que un juez estadounidense activista pueda revelar sus secretos. Esto perjudica la capacidad del presidente para dirigir la política exterior y su deber constitucional de garantizar nuestra seguridad.
El presidente tiene el deber constitucional, como jefe del ejecutivo y comandante en jefe, de dirigir los asuntos internacionales, revocar la invasión extranjera y proteger la vida de los estadounidenses. El presidente tiene el deber constitucional de ignorar cualquier orden judicial claramente ilegal que ponga en peligro inminente la vida de los estadounidenses, como las órdenes del juez Boasberg.
El juez Boasberg se niega a ceder. Por lo tanto, la cámara de representantes debe proceder con el proceso de destitución por su sabotaje ilegal y peligroso a las facultades fundamentales del presidente en virtud del Artículo II.
Foto: el juez James Boasberg en el 2023 – Valerie Plesch / Bloomberg via Getty Images