En una decisión de interdicción preliminar de un juez federal de Louisiana en el caso de el Estado de Missouri contra Joe Biden y toda su administración, se ha ordenado que la administración Biden no puede contactar ni coordinar con ninguna de las compañías de redes sociales.
Esta decisión si bien es preliminar, es un antecedente interesante para lo que vendrá en este caso que tiene a muchos pendientes porque trata específicamente de la coordinación entre el gobierno de EEUU y la censura de las redes sociales a sus usuarios.
Es importante también resaltar que esta medida fue publicada por el Juez Federal del Distrito Oeste de Louisiana, Terry A. Doughty hoy mismo, 4-JUL-2023 lo cual ha sido tomado por muchos usuarios de redes sociales como una buena señal en el día de la Independencia de Estados Unidos.
El documento (en formato PDF) de 7 páginas, luego de hacer una lista larga de todas las personas de la administración Biden, nombradas específicamente una por una, además de agregar a todos sus subordinados de cada departamento y agencia del gobierno, dice lo siguiente:
POR LA PRESENTE ESTÁN PROHIBIDOS Y RESTRINGIDOS de tomar las siguientes acciones en relación a las empresas de redes sociales:
(1) reunirse con empresas de redes sociales con el propósito de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera la remoción, eliminación, supresión o reducción de contenido que inluya libertad de expresión protegida publicado en plataformas de redes sociales;
(2) marcar específicamente contenido o publicaciones en plataformas de redes sociales y/o reenviarlo a empresas de redes sociales instando, alentando, presionando o induciendo de cualquier manera a remover, eliminar, suprimir o reducir el contenido que tenga libertad de expresión protegida;
(3) instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera a las empresas de redes sociales a cambiar sus pautas para remover, eliminar, suprimir o reducir contenido que tenga libertad de expresión protegida;
(4) enviar correos electrónicos, llamar, enviar cartas, enviar mensajes de texto o participar en cualquier comunicación de cualquier tipo con empresas de redes sociales instando, alentando, presionando o induciendo de cualquier manera para que remuevan, eliminen, supriman o reduzcan el contenido que tiene información de libertad de expresión protegida;
(5) colaborar, coordinar, asociarse, intercambiar y/o trabajar conjuntamente con la Asociación de Integridad Electoral, el Proyecto Viralidad, el Observatorio de Internet de Stanford o cualquier proyecto o grupo similar con el fin de instar, alentar, presionar o inducir a cualquier forma de remoción, eliminación, supresión o reducción del contenido publicado con empresas de redes sociales que contengan libertad de expresión protegida;(6) amenazar, presionar o coaccionar a las empresas de redes sociales de cualquier manera para que remuevan, eliminen, supriman o reduzcan el contenido publicado de publicaciones que contengan libertad de expresión protegida;
(7) tomar cualquier acción como instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera a las empresas de redes sociales a remover, eliminar, suprimir o reducir el contenido publicado protegido por la Cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos;
(8) hacer un seguimiento con las empresas de redes sociales para determinar si las empresas de redes sociales removieron, eliminaron, suprimieron o redujeron publicaciones anteriores de redes sociales que contenían libertad de expresión protegida;
(9) solicitar reportes de contenido a las empresas de redes sociales que detallen las acciones tomadas para eliminar, borrar, suprimir o reducir el contenido que tiene la libertad de expresión protegida; y
(10) notificar a las empresas de redes sociales que estén atentas (Be On The LookOut=”BOLO”) a las publicaciones que contengan libertad de expresión protegida.
Este Interdicto Preliminar excluye a dichos Demandados nombrados, sus agentes, funcionarios, empleados, contratistas y todos los que actúen en concierto con ellos de la conducta antes mencionada. Este Interdicto Preliminar también impide que dichos Demandados nombrados, sus agentes, funcionarios, empleados y contratistas actúen de manera concertada con otras personas que participen en dicha conducta.
Al final aclaran que no estan prohibiendo que se reporten actividades ilegales o criminales a las redes sociales, todo es basado en la censura que sufren los usuarios de redes sociales debido a coordinación de funcionarios del gobierno con las empresas de redes sociales.
Esta orden o interdicto preliminar parece estar basada en toda la información salida de los Archivos Twitter, al menos por el momento. Pero ciertamente cubre muchas de las cosas que el gobierno estuvo coordinando no solo con Twitter sino con otras empresas como Facebook y YouTube de Google.
Entre los numerosos funcionarios federales y agencias de gobierno prohibidos de coordinar con redes sociales están el cirujano general Vivek Murthy, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y todos los empleados del Departamento de Justicia y el FBI, quienes quedan restringidos de tener cualquier contacto con las empresas de redes sociales con el fin de desalentar o eliminar la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
El fallo y la orden de Doughty, quien fue nombrado por el expresidente Donald Trump, son los últimos desarrollos en una demanda de larga duración encabezada por estados liderados por republicanos que alegan que la administración presionó a las compañías de redes sociales para eliminar publicaciones que contenían supuesta información errónea sobre el coronavirus, la seguridad en las elecciones y otros temas.
“Durante la pandemia de COVID-19, un período quizás mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano”, escribió Doughty en su opinión de 155 páginas, la cual fue revelada, como dijimos anteriormente, cuando la mayoría de los tribunales federales están cerrados por el feriado del Día de la Independencia.
El fallo de Doughty parece entrar en vigencia de inmediato, pero no es una decisión final sobre la demanda y la administración Biden puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU con sede en Nueva Orleans. Según el medio de comunicaciones Político, El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el fallo hoy martes. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La decisión del juez cita una amplia gama de temas que, según él, “todos fueron suprimidos” en las redes sociales a instancias de los funcionarios de la administración, incluida la oposición a las vacunas contra el covid, las máscaras, los encierros y la teoría de las fuga de laboratorio; oposición a la validez de las elecciones del 2020; oposición a las políticas del pResidente Joe Biden y otros funcionarios; y declaraciones que afirman que la historia en torno a una computadora portátil perteneciente al hijo de Biden, Hunter Biden, era cierta.
Cada tema “suprimido” era una visión conservadora, lo cual “es bastante revelador”, declaró Doughty.
Fuentes
Que nadie olvide el hombre de ese juez federal : Terry A Doughty, El tiene pantalones y coraje para enfrentar los enfermos mentales del gobierno democrata .