Via Zerohedge:
En una decisión adoptada el martes por la mañana por 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema falló a favor de la administración Trump al determinar que los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) pueden perder su estatus si viajaron al extranjero mientras enfrentaban cargos penales por delitos que implican depravación moral, concluyendo que las acusaciones pendientes son suficientes para someterlos a procedimientos de expulsión.
El Tribunal dictaminó que en el momento en que un titular de tarjeta de residencia (green card) reingresa a EEUU, los funcionarios de inmigración no necesitan pruebas claras y convincentes de la comisión de un delito para considerarlo un «solicitante de admisión» ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El caso, Blanche v. Lau, se centró en Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo la residencia estadounidense en el 2007. Fue arrestado en el 2012 y acusado en Nueva Jersey de vender presuntamente pantalones cortos falsificados [de marcas falsificadas] por un valor de 300,000 dólares.
Nota de Divulgación Total: Cabe aclarar que más de un año después, en junio del 2013, Lau se declaró culpable del cargo de falsificación y fue condenado a dos años de libertad condicional.
Mientras esperaba el juicio, Lau salió de EEUU, pero a su regreso fue clasificado como «solicitante de admisión» por el Departamento de Seguridad Nacional, el cual buscaba su expulsión del país.
La mayoría del Tribunal Supremo determinó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no exige que los agentes fronterizos dispongan de «pruebas claras y convincentes» de una infracción descalificadora en el momento exacto de la concesión de la libertad provisional (parole). En su lugar, señalaron que el gobierno puede cumplir con la carga de la prueba posteriormente, durante el procedimiento de expulsión.
El Tribunal aceptó el argumento del gobierno de que exigir pruebas inmediatas en la frontera resultaría inviable y que el texto legal (que usa la expresión «ha cometido») no exige una «condena» ni la presentación de pruebas inmediatas antes de conceder la libertad provisional.
La decisión permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tratar a los titulares de tarjetas de residencia (green cards) que enfrentan cargos penales pendientes como extranjeros que regresan y están a la espera de inspección —y posteriormente de procedimientos de expulsión—, en lugar de readmitirlos como residentes.
La mayoría explicó que la expulsión de un residente permanente por una causa de inadmisibilidad conlleva dos pasos:
- En el primer paso, basta con la comisión del delito para demostrar que el extranjero podría considerarse como alguien que busca ser admitido; en el segundo paso, se requiere una condena o una admisión de culpabilidad para demostrar que el extranjero que busca ser admitido es inadmisible.
- Lau fue acusado correctamente de inadmisibilidad. En el primer paso, el Gobierno lo consideró un extranjero que buscaba la admisión porque había cometido un delito que entraña vileza moral antes de intentar reingresar al país.
- En el segundo paso, resultó ser inadmisible y, por tanto, sujeto a expulsión, debido a que había sido condenado por un delito que entraña vileza moral.
Los tres magistrados disidentes de tendencia liberal argumentaron que este fallo priva a los residentes permanentes legales de su estatus basándose en acusaciones no probadas, permitiendo así que el gobierno eluda el estándar de prueba más riguroso exigido para la deportación al optar, en su lugar, por la vía de la «inadmisibilidad».
- «Me preocupa que el Tribunal haya otorgado al Gobierno un enorme cheque en blanco. Con la decisión de hoy, el Tribunal permite al Gobierno devolver a un residente permanente legal (LPR) a la condición de persona que «solicita la admisión» al llegar a la frontera, siempre y cuando el Gobierno pueda demostrar posteriormente que dicha persona fue finalmente condenada», escribió la magistrada liberal Ketanji Brown Jackson en su voto particular disidente. [Nota de Divulgación Total: La señora Brown Jackson fue la que no supo responder qué era una mujer, durante su audiencia de confirmación en el Senado]
- «Esa secuencia socava los términos claros y el funcionamiento básico del marco legal pertinente, el cual garantiza que los residentes permanentes legales no sean considerados como personas que «solicitan la admisión» en la frontera, salvo que concurran determinadas excepciones».
James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificó el fallo como una «gran victoria» en un comunicado emitido el martes.
- «Hoy, la Corte Suprema ratificó una herramienta importante que el DHS ha utilizado durante mucho tiempo para impedir que los delincuentes entren en nuestro país. ¡Gran victoria!», publicó Percival en X.
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