El Departamento de Justicia de los EEUU ha adoptado medidas para agilizar las sentencias de muerte, incluyendo los escuadrones de fusilamiento. Esto es lo que dice la nota de prensa de ayer 25-ABR-2026:
El Departamento de Justicia toma medidas para fortalecer la pena de muerte federal
La orden ejecutiva del primer día del presidente Trump instruyó al Departamento a priorizar la búsqueda y ejecución de sentencias de muerte para proteger la seguridad pública
Hoy, el Departamento de Justicia ha actuado para restablecer su solemne deber de buscar, obtener y ejecutar sentencias de pena capital conformes a la ley, despejando el camino para que el Departamento lleve a cabo las ejecuciones una vez que los reclusos condenados a muerte hayan agotado sus recursos de apelación. Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal usado durante la primera administración Trump, la ampliación de dicho protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales —tales como el fusilamiento— y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos relacionados con la pena de muerte. Estos pasos resultan fundamentales para disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes.
El Fiscal General interino Todd Blanche dijo: «La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías».
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas”.
En su primer día en el cargo, el presidente Trump instruyó al Departamento de Justicia para que priorizara la búsqueda de sentencias de muerte en los casos pertinentes, la ejecución expedita de dichas sentencias y el fortalecimiento de la pena capital. Desde entonces, el Departamento ha emprendido acciones sostenidas para implementar esa directiva y revertir los esfuerzos del Departamento de Justicia de Biden por socavar la pena de muerte.
El Departamento de Justicia de Biden, bajo la dirección del fiscal general Merrick Garland, se apartó drásticamente de su enfoque histórico respecto a los delitos capitales y adoptó medidas extraordinarias para debilitar, retrasar y desmantelar la pena de muerte. Al actuar de este modo, causó un daño incalculable a la ciudadanía. Específicamente, el Departamento de Justicia de Biden:
- Impuso una moratoria indefinida sobre las ejecuciones, basándose en un análisis profundamente defectuoso que sostenía que la práctica federal vigente de ejecución mediante inyección letal con pentobarbital no podía llevarse a cabo sin el riesgo de causar «dolor y sufrimiento innecesarios».
- Se abstuvo de solicitar la pena de muerte en numerosos casos atroces, incluso en aquellos en los que fiscales de carrera y los propios Fiscales Federales de Biden la habían recomendado; entre estos casos se incluían los de violadores y asesinos de menores; autores de tiroteos masivos motivados por el odio racial; y gánsters y narcotraficantes que asesinaron a agentes del orden, testigos gubernamentales e informantes.
- Abandonó procesos penales con pena capital que anteriores Fiscales Generales habían autorizado legalmente y que los fiscales federales estaban litigando activamente, contraviniendo los deseos de las familias de las víctimas y de los fiscales de carrera.
- Instó al presidente Biden a vaciar, en la práctica, el corredor de la muerte federal [centro de detención de sentenciados a muerte] mediante la conmutación de las penas capitales de 37 de los 40 reclusos condenados a muerte; esta medida se fundamentó en la oposición personal del Fiscal General Garland a la pena de muerte y se llevó a cabo sin consultar a todas las familias de las víctimas.
Bajo el liderazgo del presidente Trump y del fiscal general interino Todd Blanche, el Departamento de Justicia se compromete a corregir estas deficiencias y a restablecer la administración lícita de la pena de muerte. El Departamento ha revocado la moratoria de Biden y Garland sobre las ejecuciones federales y ha autorizado solicitar la pena de muerte contra 44 acusados. El fiscal general interino Blanche ya ha autorizado solicitar la pena de muerte contra nueve de estos acusados —incluidos tres miembros de MS-13, dos de los cuales son extranjeros indocumentados—, quienes están acusados de asesinar a un testigo federal.
Hoy, el Departamento de Justicia ha adoptado las siguientes medidas para garantizar mejor la seguridad pública e impartir justicia a las víctimas de los crímenes más atroces:
- Se publicó el Informe sobre el Restablecimiento y Fortalecimiento de la Pena de Muerte Federal, que examina las acciones del Departamento de Justicia de Biden-Garland y, tras un análisis exhaustivo, concluye que el uso de pentobarbital para ejecutar sentencias de muerte es compatible con la Octava Enmienda.
- Se ordenó a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que restableciera el protocolo de ejecución adoptado durante la primera administración Trump, que usa pentobarbital como agente letal.
- Se ordenó a la BOP que ampliara el protocolo de ejecución para incluir métodos adicionales, como el fusilamiento.
- Se ordenó a la BOP que estudiara la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal o construir un nuevo centro de ejecución para permitir métodos adicionales.
- Se ordenó a la Oficina de Asuntos Legislativos que finalizara y presentara al Congreso una propuesta legislativa integral que mejore la seguridad pública y garantice una mayor justicia para las víctimas.
En las próximas semanas, el Departamento planea tomar las siguientes medidas adicionales:
- Considerar una norma que faculte a los estados para agilizar la revisión federal de hábeas corpus en casos de pena capital. De adoptarse, esta norma reduciría en años el tiempo entre la condena y la ejecución en los casos de pena capital estatales.
- Publicar una propuesta de norma que prohíba a los reclusos condenados a pena capital presentar peticiones de clemencia, y que impida a la Oficina del Abogado de Indultos considerar dichas peticiones, hasta que las decisiones judiciales en la apelación directa del recluso y su primer recurso colateral sean definitivas.
- Revisar el Manual de Justicia para que el Departamento retome su enfoque histórico respecto a los delitos capitales, agilice el proceso para solicitar la pena de muerte y garantice una consulta adecuada con las familias de las víctimas.
Lea el reporte aquí.
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Fuente:
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-takes-actions-strengthen-federal-death-penalty